a) No puede durar más de 72 horas.

b) La Ley determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

c) No puede durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.

c) B y C son correctas, aunque actualmente la LO 11/95 de 27 de Noviembre abole la pena de muerte en tiempo de guerra.

b) Se abole por la CE, salvo lo que dispongan las las leyes penales militares.

a) Queda abolida por la CE en su artículo 15, salvo lo que pueda disponer el Código Penal para algunos delitos.

c) Ninguna es correcta.

b) A es correcta, pero sólo si hay peligro para personas o bienes.

a) Autorización previa por la autoridad.

a) Todas las personas.

c) Aquellas personas cuyos ingresos sean inferiores al SMI.

b) Los poderes públicos.

a) La reeducación social.

c) A y B son correctas.

b) La reinserción social.

c) En ningún caso, puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad.

a) No podrá imponer sanciones que impliquen privación de libertad, salvo en los casos que establezca una LO.

b) Puede imponer sanciones que, indirectamente, impliquen privación de libertad.

c) Obligatoria y gratuita.

b) Eficaz y libre.

a) Obligatoria y eficaz.

c) Todas son correctas.

b) Para la defensa de sus intereses.

a) Para la defensa de sus intereses individuales.

a) Sólo individual.

b) Individual y colectiva.

c) B y C son correctas.

a) Legalidad y Eficacia.

c) Contabilidad y Legalidad.

b) Igualdad y Progresividad.

a) En el Título I, Capítulo I de la CE.

c) En el título I, Capítulo III de la CE.

b) En el Título III, Capítulo I de la CE.

a) En el Título I, Capítulo I, de la CE.

b) En el Título I, Capítulo II, de la CE.

c) En el Título I, Capítulo III, de la CE.

b) De acuerdo con lo establecido por Ley.

a) De acuerdo con lo establecido por LO.

c) Ninguna es correcta.

c) Todas son correctas.

b) El libre desarrollo de la personalidad.

a) La dignidad de la persona.

c) El principio de seguridad jurídica.

a) El principio de jerarquía reglamentaria.

b) El principio de la interdicción de la discrecionalidad de los poderes públicos.